La promesa de respaldo a las Fuerzas Armadas choca con una realidad financiera brutal: desde diciembre de 2023, el poder adquisitivo de sus integrantes se desplomó un 28% debido a la inflación galopante. Mientras el gobierno centraliza la narrativa sobre seguridad, la obra social militar acumula un pasivo superior a los 200.000 millones de pesos en apenas dos años de gestión bajo el Ministerio de Defensa. Este vacío no es solo contable, sino que golpea directamente la capacidad operativa del sistema de salud para los veteranos.

Crisis en la salud militar argentina: despidos y caída salarial

El recorte estructural ya está en marcha mediante el decreto DNU 88/2026, que disolvió el IOSFA original y permitió seleccionar únicamente al personal considerado 'necesario'. La consecuencia inmediata es la eliminación de más de 1.400 puestos laborales, reduciendo una plantilla histórica de 2.450 trabajadores a un mínimo de 1.000 empleados. Esta drástica reducción de nómina busca ajustar cuentas, pero deja al sistema sin la masa crítica necesaria para mantener sus servicios básicos.

Para más de 320.000 beneficiarios, esta reestructuración significa un acceso severamente limitado a medicamentos y atención médica. La red propia colapsa: las farmacias cierran sus habilitaciones sanitarias y las delegaciones operativas bajan de 24 a apenas 13 puntos de atención. Quienes dependen de este seguro ven cómo su cobertura se contrae físicamente, obligándolos a buscar alternativas externas o suspender tratamientos esenciales por falta de puntos de venta autorizados.

¿Hasta qué punto puede sostenerse el contrato social con quienes sirvieron al país si la infraestructura que los protege desaparece? El futuro de los 300.000 jubilados militares dependerá de si el ahorro fiscal justifica la pérdida total de su red asistencial.