¿Sabías que el truco para robar 900 millones no era inventar obras, sino esconderlas bajo la nariz de los auditores? La Unidad Central Orgánica de la Guardia Civil ha desmantelado una red que operaba entre 2018 y 2021 mediante once adjudicaciones irregulares conocidas como el 'caso Koldo'. El objetivo no era crear infraestructuras inexistentes, sino manipular los contratos existentes para vaciar su presupuesto original sin levantar sospechas.

El mecanismo clave fue una navegación extrema por la normativa: las modificaciones contractuales se diseñaban para rozar el 20% de incremento presupuestario, el umbral que activa controles más estrictos. En las licitaciones ganadas por Acciona, se detectaron incrementos sospechosamente cercanos a ese límite, evitando así auditorías profundas que hubieran revelado el desvío de fondos hacia otras partidas ocultas.
Para ilustrar la sofisticación del engaño, el soterramiento del AVE en Murcia fue tramitado como proyecto independiente. Esta maniobra evitó que sus modificaciones superaran el 20% del contrato original, fragmentando la deuda total en paquetes manejables que pasaron desapercibidos durante años hasta ser identificados por la investigación judicial actual.
Los investigados incluyen a exdirectivos de Adif como Isabel Pardo de Vera, Javier Herrero de Carreteras, el exparlamentario José Luis Ábalos y directivos de empresas como OPR y LIC. Cuando el sistema se basa en límites numéricos fríos, la corrupción deja de ser un crimen de fuerza bruta para convertirse en un ejercicio de ingeniería legal.




