Ante el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado reconoce una realidad incómoda: bloquear el sufragio de casi 190.000 personas resulta materialmente imposible antes del 29-N. Esta admisión pública transforma la percepción sobre la viabilidad administrativa de las listas electorales especiales en un plazo tan ajustado.

La complejidad operativa queda clara al analizar el esfuerzo previo para identificar a los 163.020 nacionalizados por la ley de 2007. El Ejecutivo necesitó mes y medio de trabajo intensivo, obligando al personal a cancelar vacaciones y prestar servicios en días festivos para compilar esos datos iniciales.
Mientras el alto tribunal ya rechazó frenar el voto a los beneficiarios directos de aquella norma de 2007, ahora debate extender la cautela a sus descendientes. La solicitud ampliada, impulsada por Iustitia Europa y Vox, pretendía cubrir un colectivo más amplio, pero la Administración distingue esa medida de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Si la logística supera a la intención política, ¿qué peso tiene realmente el argumento técnico cuando el calendario electoral aprieta? La respuesta determinará si la exclusión electoral es un derecho garantizado o simplemente un problema de gestión insolvible.




