¿Sabías que el presidente de Paraguay fue destituido no solo por una crisis financiera, sino porque intentó renunciar para evitar un juicio político? La historia detrás de la caída de Santiago Peña es más compleja de lo que parece. Su maniobra legal buscaba escapar de las consecuencias penales inmediatas, pero el Congreso tenía otros planes.
El epicentro del desastre fue Ueno Bank, una entidad que pasó de ser pequeña a controlar cerca del 60% de la población adulta paraguaya bajo el gobierno de Peña. Con 3 millones de clientes, esta institución se convirtió en el foco de acusaciones de conflicto de intereses y mal desempeño de funciones. El Congreso paraguayo actuó en noviembre de 2026 para apartarlo del poder, reemplazándolo por Pedro Alliana.

Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, aunque negó ser accionista directo del banco; su socio Carlos Carvallo Spalding presidió Ueno antes de dirigir el Banco Central designado por Peña. Se acusa a Peña de injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) para favorecer transferencias de fondos hacia Ueno Bank, además de recibir préstamos de la entidad. Estas conexiones personales con la banca privada fueron clave para entender la gravedad de los hechos.

El Congreso rechazó la renuncia de Peña para someterlo a juicio político, evitando que se convirtiera en senador vitalicio con inmunidad parlamentaria y dejándolo expuesto a investigación penal. Al negarle esa salida rápida, aseguraron que la justicia pudiera actuar sin obstáculos burocráticos. ¿Qué lepará ahora a quien quiso jugar con las reglas del sistema?




