La mayoría cree que fue mala gestión, pero la realidad es un sistema donde el banco, el regulador y la presidencia eran la misma cosa. En Paraguay, la línea entre las finanzas públicas y los bolsillos privados se borró hasta que todo colapsó. No fue un error aislado, sino una estructura diseñada para vaciar las cajas fuertes del Estado sin que nadie lo notara hasta que fue demasiado tarde.

El golpe final llegó cuando el Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña tras su renuncia fallida, impulsado por una oposición y su propio partido (Partido Colorado) que rechazaron el uso indebido de fondos de pensiones. Horacio Cartes, expresidente y líder del Partido Colorado, retiró su apoyo a Peña para evitar el 'latrocinio' de fondos privados y de jubilados, acelerando el juicio político. La traición política fue inevitable cuando los propios aliados vieron que el dinero de la gente se había ido.

Ueno Bank pasó de ser una pequeña financiera tecnológica en 2021 a controlar los ahorros de más de 3 millones de clientes en un país de solo 6,5 millones de habitantes en 2026. Esta concentración masiva hizo que el Banco Central del Paraguay disolviera a Ueno Bank porque su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido, sorprendiendo a quienes lo veían como un éxito financiero reciente. Lo que parecía un modelo innovador era, en realidad, una trampa legal para capturar la liquidez nacional.

Antes del colapso, el regulador ya había advertido sobre préstamos excesivos a empresas vinculadas a los dueños del banco, pero los fondos públicos siguieron llegando sin controles efectivos. Expertos financieros señalan que el colapso no fue solo mala gestión, sino un conflicto estructural donde el banco concentró cientos de millones de dólares de fondos públicos y de jubilados. ¿Cuánto más tiempo toleraremos sistemas donde el vigilante y el violador son la misma persona?



