¿Intercambio de favores por dinero público? Esa es la pregunta que sacude a Bogotá tras la revelación de Deicy Jiménez, quien asegura haber firmado diez documentos con el Estado entre 2021 y 2026. Esta suma asciende a un total de 126.5 millones de pesos colombianos, lo que equivale aproximadamente a US$38,000, una cifra que no pasa desapercibida en la opinión pública nacional.
La denunciante detalla que su vínculo romántico con el expresidente comenzó en una plataforma de modelaje webcam, donde él operaba bajo un seudónimo antes de activar la cámara para reconocerse mutuamente. Estos acuerdos económicos fueron registrados oficialmente ante entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, órganos todos ellos vinculados directamente a la Rama Ejecutiva durante su mandato.

Mientras tanto, Gustavo Petro desestima cualquier vinculación moral o legal, calificando la idea de vender servicios por sexo como algo que le haría 'vomitar', aunque se abstiene de negar la existencia de dicha relación personal. Por otro lado, Carlos Ríos, director del DAPRE en el actual gobierno, llevó al Congreso una denuncia más amplia: sostiene que 48 mujeres han sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios similares.

Más allá de los titulares, este caso expone cómo la línea entre lo privado y lo administrativo puede borrarse cuando las finanzas públicas tocan la intimidad de quienes gobiernan. ¿Estamos ante un error de gestión puntual o un sistema de recompensas oculto que merece una auditoría profunda?



